La España decente aun está esperando que el Gobierno de Rajoy ordene a la Fiscalía inicie un proceso penal por sedición contra todos ellos y solicite medidas cautelares de encarcelamiento.
Puigdemont, presidente de la Generalidad catalana. Junqueras, vicepresidente. Forcadell, presidenta del parlamento catalán. Trapero, jefe de la policía regional. Sánchez, presidente de la Asamblea Nacional Catalana. Cuixart, presidente de Omnium Cultural.
Hay una rebelión en marcha contra nuestro ordenamiento constitucional que viene a desgarrar peligrosa, muy peligrosamente, los cimientos de nuestra convivencia en paz.
Y hay culpables claros, con nombres y apellidos, que ahora mismo siguen desafiando a los poderes del Estado y echando más leña al fuego para incendiar la calle y hacer saltar por los aires la democracia.
Lo ocurrido en Cataluña está tipificado en el artículo 544 del Código Penal como un delito de sedición castigado con hasta 15 años de cárcel si quien lo comete es una autoridad:
«Son reos de sedición quienes se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de las resoluciones administrativas o judiciales».
Hay pruebas más que sobradas y suficientes para imputar a Puigdemont, Junqueras, Forcadell, Trapero, Sánchez y Cuixart el delito de sedición:
- Organización y participación en una consulta ilegal desobedeciendo la prohibición de los tribunales.
- Instigación al delito y a la rebelión ciudadana contra el Estado desde los medios de comunicación bajo su control.
- Utilización de los mozos de escuadra como policía del régimen al servicio de la independencia.
- Organizar y promover acciones tumultuarias para impedir el cumplimiento de los mandamientos judiciales y para transgredir las leyes.
- Incumplimiento por parte de la policía regional del mandamiento judicial recibido y complicidad con los golpistas, hasta el extremo de enfrentarse a la Guardia Civil y la Policia Nacional, que trataban de defender el orden constitucional.
- Utilización de niños contra las instituciones desde la consejería de Educación y como escudos humanos frente a las fuerzas del orden.
No hay comentarios:
Publicar un comentario